El Estado de Derecho: Por Qué al Gobierno No se le Negocia, se le Demanda

​Introducción: El Mandato Innegociable ​El gobierno, en cualquier democracia, no es un socio comercial ni una contraparte para la negociación. Es un administrador fiduciario de los recursos públicos y un garante de la ley. La confusión de roles, donde el ciudadano pide un favor en lugar de reclamar un derecho, debilita la institucionalidad. La premisa fundamental es clara: el Estado tiene un mandato constitucional para proveer seguridad, justicia e infraestructura, y para proteger los derechos individuales. Este mandato es la base del contrato social y es, por definición, innegociable. ​Negociación vs. Exigencia: La Diferencia Jurídica ​Cuando un ciudadano "negocia" con la autoridad, se coloca en una posición de inferioridad, buscando una excepción o un beneficio particular. Esta dinámica abre la puerta a la corrupción y a la captura del Estado, ya que premia al grupo de interés que más presiona a expensas del interés general. ​La exigencia, en cambio, es el lenguaje del ciudadano soberano. Significa demandar el cumplimiento irrestricto de la ley y de las funciones esenciales del gobierno, basando la petición en los hechos y en el marco legal. El ciudadano paga impuestos por un servicio que debe ser prestado de forma universal e imparcial; no está pagando por una oportunidad de negociación. ​El Riesgo de la Imparcialidad Rota ​El rol del Estado es ser un árbitro imparcial, encargado de establecer y defender las reglas del juego. Cuando un gobierno negocia con grupos que buscan prebendas o exenciones fiscales injustas, rompe esta imparcialidad. Se envía un mensaje peligroso: la ley es flexible para quien tiene influencia, no una norma universal de conducta. ​Por lo tanto, la clave para un Estado de derecho fuerte no reside en la habilidad para negociar concesiones, sino en la voluntad para exigir el cumplimiento del deber y la rendición de cuentas basadas en el marco legal vigente. ​Conclusión: El Deber del Administrador ​El gobierno tiene el deber; el ciudadano tiene el derecho. Es un acto de dignidad cívica rechazar la negociación de los derechos fundamentales y, en su lugar, asumir una postura decisiva y persistente de exigencia. El único intercambio aceptable es el cumplimiento total, transparente y sin condiciones de su mandato constitucional.