En el análisis sistémico de nuestra economía, existen verdades que se ocultan tras una retórica de benevolencia gubernamental. Una de las más lacerantes es el precio de los combustibles. Se nos ha condicionado a agradecer los "estímulos fiscales" como si fueran actos de generosidad estatal, cuando en realidad son apenas una ligera retracción en el ejercicio de una carga impositiva que asfixia la estructura productiva del país.
Llamar "subsidio" a la reducción del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), es una distorsión conceptual. El gobierno no está inyectando capital para bajar el costo; simplemente está decidiendo, de manera discrecional, "encajar el diente" con un poco menos de fuerza.
El combustible no es un bien de lujo; es el motor fundamental de la economía. Gravar la energía que mueve los alimentos, los servicios y la industria es, en esencia, un impuesto en cascada que erosiona el poder adquisitivo y vulnera la soberanía individual de cada ciudadano.
Para entender la magnitud del lastre que cargamos cada vez que acudimos a la estación de servicio, es imperativo desglosar las cuotas vigentes del IEPS para este 2026:
A esto debemos sumar el 16% de IVA aplicado sobre el precio final. Es decir, pagamos impuestos sobre el valor del producto y sobre el impuesto mismo. Una estructura diseñada para la recaudación, no para el desarrollo.
Desde una visión estratégica y sistémica, el combustible debería estar libre de gravámenes. La verdadera recticuentación —aquella que rige la gestión como un imperativo ético— nos obliga a señalar que el uso de los hidrocarburos como caja chica del Estado es una traición al destino de la ciudadanía.
Dignidad Económica: Un precio de gasolina justo permitiría una solidez real en los estándares de vida.
Soberanía: La libertad de tránsito y producción no debería estar condicionada por la voracidad recaudatoria.
Trascendencia: Blindar la economía de estas cargas es asegurar la viabilidad de los ecosistemas de valor que generan riqueza auténtica.
La recticuentación del cumplimiento no es una herramienta técnica; es el blindaje contra la arbitrariedad. No debemos aceptar la narrativa del "apoyo gubernamental". La gasolina no debería causar impuestos porque es el insumo vital que permite el ejercicio de nuestra libertad económica.
Es momento de rescatar la estructura de nuestra economía y exigir que la gestión energética se alinee con los principios de dignidad y trascendencia que el país merece. Menos "estímulos" y más justicia sistémica.
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