La política mexicana tiene una fascinación casi patológica por elevar la mediocridad al rango de virtud cívica. Durante años hemos sido testigos de cómo las estructuras de poder premian el aplauso fácil, pero el modelo impulsado por la llamada Cuarta Transformación ha institucionalizado una máxima devastadora para la viabilidad del país: subordinar la competencia técnica a la obediencia ciega. Bajo el pretexto de medir la "lealtad partidista" y un ambiguo "compromiso social", lo que en realidad se está evaluando dentro del oficialismo para entregar candidaturas a alcaldías y gubernaturas es el grado de sumisión ideológica y la disposición a operar como engranaje electoral, obviando olímpicamente la capacidad operativa y la preparación profesional necesarias para administrar lo público.
Elegir a un gobernante bajo la vara de la lealtad partidista es una perversión de la función ejecutiva. Un alcalde o un gobernador no rinde protesta para administrar el patrimonio de una tribu política ni para beneficiar de forma exclusiva a la facción que lo llevó al poder; rinde protesta para gobernar a la totalidad de una población con necesidades complejas e interconectadas. Cuando el criterio supremo de selección es la fidelidad al movimiento, la ley deja de ser la norma suprema y se convierte en un estorbo negociable. El funcionario militante no responde ante los ciudadanos ni ante la Constitución, sino ante la cúpula que le otorgó el favor de la candidatura, garantizando que el ejercicio del gasto y la toma de decisiones respondan a cálculos de permanencia política antes que a criterios de efectividad real.
Por otro lado, la retórica del "compromiso social", cuando se desprende de la capacidad técnica, no es más que un disfraz para el voluntarismo y el asistencialismo desmedido. El compromiso con la sociedad no se demuestra repartiendo consignas ni exhibiendo una empatía de catálogo en mítines; se demuestra haciendo funcionar los servicios públicos, garantizando la seguridad jurídica, optimizando el presupuesto y resolviendo problemas estructurales mediante una verdadera visión sistémica. Pretender que las deficiencias administrativas, la impericia financiera y la falta de planeación pueden compensarse con "buenas intenciones" o "cercanía con el pueblo" es una trampa corrosiva. Un gobierno sin capacidad directiva destruye infraestructura, precariza la atención médica, descuida el orden normativo y paraliza el desarrollo económico, condenando justamente a los sectores más vulnerables a las consecuencias de su propia incompetencia.
La función primordial y primera de la titularidad del Poder Ejecutivo en cualquier orden de gobierno es hacer cumplir las leyes y principios que rigen la convivencia ciudadana. Sin eficiencia administrativa y sin un marco infranqueable de rendición de cuentas y recticuentación, la gestión pública se degrada en simple simulación. Si el país pretende romper el ciclo de estancamiento e ineficiencia al que nos ha arrastrado la visión gubernamental actual, debemos dejar de exigir activistas obedientes y comenzar a exigir administradores profesionales, capaces de someter su gestión al rigor de las métricas de desempeño y al mandato innegociable de la ley. La lealtad a las siglas de un partido siempre termina erosionando las instituciones; solo la capacidad, el mérito y la eficiencia pueden sostener la soberanía y el futuro de una nación.
Francisco Quintana Damián
