La iniciativa presentada en Tamaulipas por la diputada Lucero Deosdady Martínez López (Morena) no es una medida de protección civil; es un atropello a la soberanía individual y un burdo intento de capturar rentas camuflado de burocracia. Lo que se pretende implementar bajo el cobijo de su partido no es regulación, sino un despojo indirecto al esfuerzo de los ciudadanos que buscan blindar su economía familiar y empresarial mediante la autosuficiencia energética.
Esta propuesta representa un peligro sistémico por las siguientes razones fundamentales:
1. Un laboratorio de voracidad fiscal
Aprobar la reforma de la diputada Martínez López en Tamaulipas no es un hecho aislado; es el diseño de un laboratorio experimental de recaudación arbitraria. Si se permite que este precedente prospere, se activará un efecto dominó en todo el país. Los congresos locales, ávidos de recursos y replicando la misma línea ideológica, adoptarán este modelo para convertir los techos de los mexicanos en una extensión de las ventanillas de cobro municipales. Es el pretexto perfecto para institucionalizar una extorsión legalizada en cada rincón del territorio nacional.
2. El "impuesto al sol" por la vía de la asfixia burocrática
Aunque la narrativa oficial de la legisladora intente desmarcarse del término "impuesto", la realidad económica es innegable: condicionalidades, dictámenes de peritos autorizados, memorias de cálculo y permisos municipales se traducen en costos adicionales y derechos de trámite.
- Duplicidad institucional: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya regula la interconexión con normativas técnicas estrictas a nivel federal.
- Centralización del control: Introducir un eslabón municipal sin capacidad técnica solo busca crear cuellos de botella para forzar al ciudadano a pagar por el simple derecho de generar su propia energía.
- Impacto directo: Es una agresión frontal a la libertad económica de los hogares y las PyMEs, encareciendo una alternativa que legítimamente adoptan para defenderse de las altas tarifas eléctricas.
3. La seguridad como coartada para la recaudación
Utilizar el argumento de "proteger a la ciudadanía" y evitar riesgos estructurales es una falacia y un insulto a la inteligencia del sector. El Reglamento de Construcciones vigente y las Normas Oficiales Mexicanas ya contemplan los estándares de seguridad necesarios. Lo que busca esta iniciativa no es salvar vidas, sino salvar las finanzas municipales a costa de la inversión privada y el patrimonio familiar. No se legisla por el bienestar; se legisla para controlar y sustraer.
Posición Institucional: La recticuentación y el cumplimiento jamás deben ser utilizados como herramientas de sometimiento económico o pretextos para el parasitismo estatal. Una gestión pública digna tiene la obligación de blindar la libertad ciudadana, no de cercarla con aduanas burocráticas redundantes que frenan el desarrollo social y destruyen la estructura productiva de nuestra economía.