A más de un siglo de 1910, vale la pena mirar la Revolución Mexicana sin mitos, pero también sin cinismo: entender por qué estalló, qué sí logró construir y qué deudas siguen abiertas hoy para México.
La Revolución no nació de un capricho ni de una sola consigna. Durante el Porfiriato hubo crecimiento económico, ferrocarriles e inversión, pero a costa de un cierre político prolongado, desigualdad profunda, despojo de tierras comunales, salarios precarios y una justicia que solía inclinarse hacia el poder y los caciques. Tampoco fue un movimiento uniforme: convivieron proyectos muy distintos —el reclamo democrático de Madero, la exigencia agraria de Zapata, la fuerza popular del norte con Villa y la reconstrucción institucional del constitucionalismo— que incluso chocaron entre sí en una guerra civil de enorme costo humano.
Con todo, el México posrevolucionario sí dejó logros históricos tangibles. La Constitución de 1917 marcó un antes y un después al reconocer derechos sociales en torno a la tierra, los recursos estratégicos de la nación y el trabajo. En las décadas siguientes se pacificó el país, se consolidaron instituciones públicas, se amplió la educación gratuita, se crearon sistemas de salud y seguridad social y se construyó infraestructura que permitió movilidad social y crecimiento económico durante buena parte del siglo XX.
Entonces, ¿ha avanzado el país? Sí, en muchos indicadores materiales y democráticos: hoy México es una sociedad más urbana, con mayor esperanza de vida, mayor cobertura educativa y alternancia política real frente al viejo régimen de partido hegemónico.
Pero el avance sigue siendo incompleto y desigual. La promesa de justicia, igualdad ante la ley y buen gobierno sigue topándose con problemas cotidianos: impunidad, corrupción, inseguridad que limita la tranquilidad de las familias y el trabajo honesto, informalidad laboral y servicios públicos que muchas veces quedan por debajo de lo que la ciudadanía merece.
Por eso la lección de nuestra historia sigue vigente: los derechos escritos en la ley no se sostienen solos. Exigen instituciones que rindan cuentas, límites reales al poder y una ciudadanía activa que no se conforme con promesas, sino que participe y exija resultados.