El reciente informe de la CIDH no dice nada que el ciudadano de a pie no sienta cada vez que sale a la calle: en México, el contrato social está roto. Como alguien que ha dedicado tres décadas a la articulación estratégica, les digo con crudeza: no estamos ante una "crisis de seguridad", estamos ante una quiebra sistémica de la responsabilidad gubernamental.
Hablemos claro. Tenemos más de 128 mil personas que simplemente "se tragó la tierra" y 70 mil cuerpos en las morgues que el gobierno tiene ahí, acumulando polvo y olvido. Si esto fuera una empresa, el director general ya estaría en la cárcel por negligencia criminal. Pero aquí, el "gerente" del Estado nos pide paciencia mientras la impunidad es del 99.5%. Es decir, en este país, desaparecer a alguien es prácticamente legal.
Como recticuentador, mi enfoque no es sentimental. No busco abrazos ni discursos de "justicia social" que no aterrizan en nada. Lo que exijo es recticuentación: una rendición de cuentas cruda y dura. Nos están cobrando impuestos por un servicio de seguridad que no solo no nos entregan, sino que en muchos casos se usa en nuestra contra. El informe es letal: hay funcionarios que no solo "no pueden" con el crimen, sino que son el crimen. Son los que cuidan al delincuente o le entregan a la gente. Eso no es un error de gestión, es una traición innegociable a la soberanía individual.
¿Por qué las familias tienen que andar con palas buscando huesos mientras los burócratas calientan la silla en las fiscalías? Porque hemos permitido que la gestión pública se aleje de la ética y se convierta en un simulacro. La "brecha" entre la ley y la realidad que menciona la CIDH es, en realidad, un abismo de dignidad.
La soberanía de cada ciudadano —tu libertad para ir a trabajar y regresar a casa— es el estándar de vida mínimo que deberíamos exigir. Si el Estado no puede garantizar que no te desaparezcan, ha perdido su razón de existir. No necesitamos más protocolos decorativos; necesitamos que los responsables paguen, que las estructuras económicas que financian este horror sean desmanteladas y que el cumplimiento deje de ser un trámite para convertirse en un imperativo ético.
Basta de ver las desapariciones como "estadísticas". Son fallos en el ecosistema de valor de nuestra nación. Un país donde la gente desaparece es un país que se está desangrando económicamente y moralmente. La recticuentación no es opcional: es el único camino para rescatar lo que queda de México y asegurar que nuestro destino no sea una fosa común.
Es momento de actuar por encima de los estándares mediocres que nos ofrecen. No es una inversión en el futuro, es una manifestación de nuestros principios para blindar nuestra propia libertad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario