Dejemos las cortesías burocráticas y la corrección política para los aplaudidores de turno. El Estado nos está vendiendo la infraestructura de vigilancia más invasiva de nuestra historia moderna bajo el pretexto más barato, desgastado y estadísticamente falso de todos: "es por tu seguridad".
La imposición de la CURP biométrica, la interconexión masiva de bases de datos y el registro obligatorio de usuarios de telefonía no son herramientas de justicia; son un asalto sistemático a la privacidad que nos quedaba. Discutir si esto "afecta" la privacidad es un eufemismo cobarde. La aniquila.
Nos dicen que centralizar actas, RFC, INE, líneas telefónicas y registros vehiculares en un solo ecosistema interconectado es para atrapar a los malos. Hay que ser profundamente ingenuos o estar en la nómina gubernamental para creerlo. La evidencia histórica y técnica es aplastante: obligar a que todos los ciudadanos entreguen sus datos e identidades no reduce la extorsión ni el secuestro. Los criminales operan en la informalidad; los únicos que quedan perfectamente perfilados, empaquetados y a merced del sistema, somos los ciudadanos formales.
El peligro más grande aquí no es el espionaje de película. No me preocupa un burócrata escuchando mis llamadas. Me preocupa la incompetencia sistémica.
Estamos entregando millones de datos hiper-sensibles a un aparato estatal que tiene un historial vergonzoso y documentado de filtraciones y vulnerabilidades. Entendamos la gravedad matemática de esto: si el gobierno permite que te roben una contraseña, la cambias. Si la ineptitud del Estado filtra tu rostro, tu iris y tus huellas dactilares a la red, ¿qué vas a hacer? ¿Arrancarte la cara?
La terquedad de vincular teléfonos con identidades verificadas ya fue intentada y fue un fracaso absoluto. ¿Por qué insisten? Porque el objetivo no es la seguridad pública, es el incremento del poder informativo del Estado.
Antes, nuestra información estaba en silos separados. Ese aislamiento administrativo, aunque ineficiente para el burócrata, era nuestro último escudo. Hoy, al centralizar esta información, se está construyendo una arquitectura de perfilado gubernamental que le otorga a la clase política —presente y futura— un poder de vigilancia total que jamás habían tenido. No es que mañana amanezcamos en una dictadura de ciencia ficción; es que ya construimos la prisión y les acabamos de entregar las llaves.
Frente a este escenario, la sumisión no es una opción. Permitir esta cesión de privacidad no es un mero tropiezo jurídico, es claudicar ante quienes buscan tratarnos como presuntos culpables por el simple hecho de existir y tener un teléfono celular.
El rechazo a la CURP biométrica y al padrón de celulares no es una rabieta de activistas digitales; es un IMPERATIVO ÉTICO INNEGOCIABLE. Es la exigencia de una rendición de cuentas soberana ante un sistema que exige nuestro ADN pero es incapaz de garantizarnos caminar seguros por la calle.
Hago un llamado urgente a litigar, ampararse, sabotear legalmente y rechazar por todas las vías institucionales y ciudadanas la conformación de estos padrones. No podemos ni vamos a actuar por debajo de nuestros propios estándares de vida y libertad. Blindar la estructura de nuestra privacidad hoy, es la única manera de asegurar la trascendencia de nuestra soberanía individual mañana.
No les demos nuestro rostro. No les demos nuestros datos. No les demos el control.
Francisco Quintana Damián
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